EDUCACIÓN SUPERIOR CON ACREDITACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EDUCACIÓN SUPERIOR CON ACREDITACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Acreditar corresponde a
dar fe pública de la calidad de las instituciones o de los programas de
estudio; es brindar información a los ciudadanos y a las autoridades
garantizando públicamente que los títulos otorgados logran niveles
predefinidos; es comprobar oficialmente que una institución educativa o un
programa específico cumple o no con los requisitos de calidad y, por tanto, los
certificados que otorga son válidos o no. A la vez, la acreditación debe estimular la
búsqueda continua de calidad y facilitar la movilidad de estudiantes y
profesores. (Días Sobrinho[1]
2005).
La acreditación no es un decir, va
mas allá, requiere de un cambio de actitud, de hacer y de pensar de todos los
que están comprometidos con la educación, mostrar frente a esta una actitud de liderazgo organizacional, para acreditarse
se tiene que trabajar en equipo
comenzando con una sensibilización, luego
una autoevaluación, plantear planes de mejora y eso requiere de un periodo
de aprendizaje y de cambios de actitud.
En Colombia la Ley 30 de 1993 creó
el Sistema Nacional de Acreditación para
las Instituciones de Educación Superior. Allí se determina que la acreditación es temporal y que las
instituciones pueden acogerse voluntariamente a ella en uso de su autonomía. El
artículo 53 especifica que el objetivo fundamental de este Sistema es
garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte de él cumplen
los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.
La acreditación es el sello de calidad que otorga el Estado a un programa
académico o institución después de realizar un proceso de evaluación. El
reconocimiento, la búsqueda y la promoción de la calidad en la educación
superior son la razón de ser de la acreditación.
El artículo 55 de la Ley 30 estipula que la autoevaluación institucional
debe ser una tarea permanente de las Instituciones de Educación Superior.
Los países de América Latina y el Caribe son suelo fértil para las
transformaciones impulsadas desde afuera, en las que la acreditación y la
evaluación universitarias tienen un papel bastante destacado. Esas
transformaciones están interpenetradas por importantes cambios conceptuales e
ideológicos. Por ejemplo, las nociones de público y privado, o de bien público
y mercado, son objeto de duras disputas, pero sus fronteras y sus significados
frecuentemente se difuminan o se mezclan. (García Guardilla[2],
2004: 124).
En ese sentido los establecimientos educativos privados que se orientan a
la excelencia en la gestión pueden optar por procesos de acreditación o
certificación, que incorporan autoevaluación, evaluación externa y procesos de
mejoramiento. Los procesos de acreditación son más exigentes, pues incorporan
fuertemente los procesos misionales, es decir los educativos, los que son
incluidos extensamente en la autoevaluación y revisados por pares académicos,
tanto para el rector, como para las áreas de conocimiento impartidas, bienestar
e infraestructura. En los procesos de certificación, un auditor o grupo de
auditores verifica que el establecimiento educativo se ajusta a los requisitos
del sistema o modelo de gestión.
En Colombia, tal y como ocurrió en varios
países del continente y de Europa en la década pasada, se adoptaron varias
medidas que se vieron reflejadas en diferentes políticas educativas que
pretendían garantizar la calidad en la educación superior. En el contexto
internacional más amplio, el marco de estas acciones fue el viraje de la
relación entre el Estado y la educación, que transformó la forma de
intervención estatal en la solución de los problemas del sector educativo y,
por ende, la concepción y diseño de la política educativa. Mientras que, en el
ámbito nacional, el surgimiento de las políticas encaminadas al mejoramiento de
la calidad se enmarcó en un contexto educativo caracterizado por la proliferación
de instituciones y programas de educación superior (como consecuencia de lo
dispuesto por la Ley 30 de 1992), el incremento de la demanda y de la
matrícula, la diversificación de la oferta y la mayor participación del sector
privado en la oferta.
La evaluación y la acreditación constituyen procesos capaces de promover
valiosas oportunidades de cooperación internacional y de integración regional.
Las necesidades de validez internacional de titulaciones, programas y
disciplinas estimulan los intercambios entre instituciones y comunidades
disciplinares, e inducen acuerdos referentes a estándares comunes de calidad,
«con lo cual se facilita el control sobre la mala práctica y las ofertas
mercantiles (Stubrin[3],
2005).
Los procesos
de evaluación y acreditación universitaria son de suma importancia porque
permiten certificar ante la sociedad, la calidad de los recursos humanos
formados y de los procesos que tienen lugar en una institución educativa. En
estos procesos se manifiesta el esfuerzo de todos los trabajadores
universitarios en la búsqueda de la excelencia, que es la máxima aspiración. Tiene
un significado especial porque la universidad se mira por dentro y es vista por
los demás que en definitiva son sus usuarios porque en cualquier área de
trabajo o de la vida en general está presente el papel de sus egresados por
tanto su pertinencia, relevancia y calidad es de tiene una gran repercusión
económica, política y social en general.
En ese sentido
los procesos de evaluación y acreditación universitaria son una vía muy eficaz
para comprobar la efectividad de los procesos que dirigimos, desde una mirada
cooperativa, colaborativa, participativa, donde todos nos implicamos desde lo
cognitivo y afectivo motivacional, a través del cual le damos seguimiento a
nuestras prácticas comprobando qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo
hacemos, y así rediseñar nuestras estrategias y estilos de proceder, este
proceso debe acompañar a nuestro quehacer cotidiano, es una procedimiento que
debe perdurar, y no perder su verdadera esencia, ni el entusiasmo para
continuar con estos procesos perfeccionándolos en el quehacer diario.
El proceso de evaluación y acreditación universitaria es uno de los
retos principales que asume la nueva universidad integrada para asegurar la
calidad de la formación permanente de los profesionales que requiere el país,
capaces de enfrentar las transformaciones económicas, sociales y educacionales
y su contribución al mantenimiento de indicadores de eficacia, eficiencia y
pertinencia en un contexto educacional de calidad para todos. Buenas prácticas
logradas en este sentido nos indican que para lograr resultados satisfactorios
se hace necesaria la gestión adecuada de los procesos, la creación de una
cultura de calidad en la vida universitaria y alcanzar la excelencia en todo lo
que se hace, a través de la mejora y la optimización de cada proceso
universitario.
En
concordancia con lo anterior, La RIACES busca contribuir al reconocimiento de
títulos, periodos y grados de estudio, facilitar la movilidad, colaborar con el
fomento de acciones de garantía de la calidad, apoyar el desarrollo de
instancias de evaluación y acreditación en los países donde todavía no existan
y, sobre todo, impulsar la reflexión sobre escenarios futuros de la educación
superior (Lemaitre[4],
2005).
Los procesos
de acreditación y evaluación universitaria resultan de gran valor para el
desarrollo de los procesos sustantivos de la universidad, debe constituir un
estilo de los colectivos laborales que permita trabajar con la mejora y elevar
la calidad en la formación de los profesionales. La práctica compartida
en varios procesos de evaluación y acreditación universitaria alertan que la
mejora y la gestión resultan categorías básicas, la primera debe verse dentro
de la propia gestión y tienen un marcado carácter estratégico que provoca una
práctica educativa enriquecida y que exige su autoevaluación sistemática.
La
acreditación de programas académicos, como un medio para reconocer y asegurar
la calidad de la educación superior, tiene su antecedente inmediato en los
procesos de evaluación que adquirieron importancia creciente en el mundo a
partir de la década de los años ochenta. A través de la acreditación, el alumno
no solamente obtiene la certeza de que cursa un programa académico de calidad,
también accede a beneficios adicionales como el intercambio internacional en
las Instituciones de Educación Superior que lo ofrezcan, pues un elemento
esencial para contemplar el intercambio estudiantil en este ámbito, es que el
alumno provenga de un programa académico acreditado por su calidad.
Sin embargo, cualquiera que sea la decisión de las autoridades y de la
comunidad académica, “es importante que la evaluación no se reduzca a controlar
ni suponga la supresión de la autonomía y de la libertad intelectual, sino que
sea un instrumento para elevar la conciencia de los problemas, para potenciar
los sentidos de los fenómenos y para proyectar nuevas posibilidades de
construcción” (Días Sobrinho[5],
2002: 145).
La educación ha sido siempre en las sociedades una condición de posibilidad
de la vida colectiva. Sólo a través de ella la sociedad logra mantenerse unida
alrededor de los principios que le dan identidad y que dan coherencia a las
acciones de los asociados. La educación permite la apropiación por las nuevas
generaciones del acumulado de conocimientos y técnicas construidos y
sintetizados a lo largo de la historia y, también, la generación de nuevos
conocimientos que la sociedad requerirá para enfrentar problemas en el futuro.
Las sociedades dependen de la educación para mantener y para enriquecer su vida
espiritual y su vida material. La educación debe hacer posible la construcción
permanente de conocimiento, la ampliación de las posibilidades de desarrollo de
las sociedades y el enriquecimiento constante de su capacidad de comprensión de
sí mismas y de su entorno.
Las instituciones de educación superior cumplen una tarea fundamental en la
formación de competencias que se requieren para la productividad creciente de
la sociedad y para la vida democrática. A la educación superior le compete
formar intelectuales capaces de responder a las necesidades sociales con la
herramienta de los conocimientos actuales, y de pensar y proponer alternativas
viables de desarrollo que sean coherentes con los ideales establecidos a lo
largo de la historia y expresados en las normas legales. La educación superior
es responsable de la formación de profesionales capaces de crear conocimiento y
de proponer nuevas formas de análisis y nuevas herramientas y relaciones de
trabajo en todas las áreas. La educación superior es, en síntesis y como dice
la Constitución, un servicio público que tiene una función social estratégica y
que por tanto debe ser prestado con la mayor calidad posible.
En este contexto, la evaluación y la acreditación han pasado a convertirse
en imperativos, ya que garantizan a la sociedad la calidad y credibilidad de
los procesos educativos y sus resultados. En Colombia, donde existe una gran
heterogeneidad en la oferta de educación superior, que se expresa no sólo en la
multiplicación de programas distintos sino también en importantes diferencias
de calidad, la acreditación tiene un papel estratégico dentro de la política
orientada a promover el mejoramiento del sistema de educación superior. Y como
la educación es un servicio público que tiene una función social, las
instituciones responsables de la educación superior deben, por tanto, rendir
cuentas ante el Estado y la sociedad sobre el servicio que prestan. De hecho, la
Ley General de Educación estableció que todo programa de formación de docentes
debe demostrar previamente que satisface ciertas exigencias mínimas de calidad;
al Consejo Nacional de Acreditación se le ha asignado hasta ahora la tarea de
apoyar al Gobierno en la aplicación de esta norma. Además, un número importante
de instituciones ha venido comprometiéndose voluntaria y autónomamente en el
proceso de reconocimiento de alta calidad de programas establecido en la
acreditación creada por la Ley 30 de 1992. La evaluación implicada en el
proceso de acreditación hace explícitas las condiciones internas de
funcionamiento de las instituciones y pone en evidencia sus fortalezas y
debilidades. De este modo, constituye un punto de partida muy sólido para los
procesos internos de mejoramiento institucional y se convierte en un referente
claro para que los usuarios potenciales de la educación superior puedan hacer
una elección suficientemente informada.[6](Comisión
nacional de acreditación. MEN. República de Colombia.)
Mora Alfaro expresa la preocupación por la inserción y la integración a
escala regional: “El desafío de la articulación de la educación superior y de
los sistemas de aseguramiento de la calidad, para la superación de la
persistente dispersión de los SES, continúa siendo uno de los retos más
significativos para la educación superior centroamericana” (Mora Alfaro, 2005:
154).
La evaluación de la calidad correspondiente a la acreditación institucional
se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior que
incluyen naturalmente, como elementos universales, la formación integral, la
creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a
la formación de profesionales y consolidación de las comunidades académicas. Se
centra, además, en el logro de los postulados de las misiones y proyectos
institucionales y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de esas
misiones y proyectos; además, atiende a la manera como la institución afronta
el cumplimiento de sus funciones básicas en los distintos campos de acción de
la educación superior, al clima institucional, a los recursos con que cuenta y
a su desempeño global. Cuando se habla de instituciones resulta necesario
enfatizar el vínculo entre pertinencia y calidad: a la exigencia académica
sobre la calidad de los programas, que también resulta ser esencial cuando se
juzga sobre la institución como un todo, se añade, en este caso, una exigencia
particular relacionada con su papel social.
La Ley 30 de 1992, mediante la cual se organizó la educación superior,
define unos objetivos generales para las instituciones educativas de este
nivel. Tales instituciones pueden ser públicas o privadas.
En Colombia, las instituciones de educación superior, según esta Ley, deben
profundizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolos para
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que
requiere el país; deben trabajar por la creación, el desarrollo y la
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su
utilización en todos los campos para contribuir a señalar y solucionar las
necesidades del país; deben prestar a la comunidad un servicio con calidad;
deben ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y
ético en el ámbito nacional y regional; deben actuar armónicamente entre sí y
con las demás estructuras educativas y formativas y contribuir al desarrollo de
los niveles educativos que preceden a la educación superior; deben promover la
unidad nacional, el desarrollo y la integración regional y la cooperación
institucional, con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los
recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades; deben promover la formación y consolidación de
comunidades académicas nacionales y su articulación con sus homólogos en el
ámbito internacional; deben promover la preservación de un medio ambiente sano
y deben conservar y fomentar el patrimonio natural y cultural del país.
Para la Acreditación, la educación superior debe ser un espacio de búsqueda
y transmisión de conocimiento en un ambiente de convivencia, de paz y de
libertad, en un clima democrático, participativo y pluralista; debe ser factor
esencial para el desarrollo integral de los colombianos y debe contribuir a la
soberanía y al logro de la unidad nacional, a la protección de su diversidad
natural y cultural y de su patrimonio simbólico, a construir una actitud
consciente para la preservación del medio ambiente y a afianzar entre los
ciudadanos el respeto a la dignidad humana y la vigencia plena de los derechos
humanos.
La calidad está determinada por la universalidad, la integridad, la
equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, la transparencia, la
pertinencia, la eficacia y la eficiencia con que la institución cumple con las
grandes tareas de la educación superior y se expresa, como se ha dicho, en un
conjunto de aspectos que permiten reconocer si se cumplen o no las condiciones para
la acreditación institucional.[7] (Comisión nacional de acreditación. MEN. República
de Colombia.)
La calidad actual del sistema de educación superior en nuestro país es la
resultante de un proceso histórico en que se han conjugado factores, tanto
endógenos como exógenos, que han afectado el desarrollo de las funciones
sustantivas en las instituciones. Basta recordar los cambios ocurridos a raíz
de la promulgación de la Ley 30 del 92 para advertir la dinámica compleja del
sistema global de la educación superior y su heterogeneidad interna.
Los distintos aspectos que se tienen en cuenta para la acreditación
institucional se separan analíticamente, pero constituyen un todo orgánico que
debe enlazar acciones y agentes, de modo que se asegure el cumplimiento de los
fines de la manera más plena y eficiente. Por esa razón se ha insistido en que
la calidad no es una suma de aspectos, sino una totalidad en la cual las
relaciones entre aspectos y los vínculos entre la organización y su contexto
resultan muy relevantes. La institución es un todo en proceso de cambio que
interactúa con la sociedad y se define por su historia y por sus proyecciones.
Como parte de este proceso, la acreditación de programas académicos también
se está internacionalizando. Estas consideraciones son las que han llevado a la
Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES) y al CNA, en colaboración con otras agencias nacionales de
acreditación de países Iberoamericanos, a diseñar y desarrollar dos proyectos
pilotos orientados a desarrollar nuevos instrumentos y prácticas para la
"acreditación internacional"[8]. (Comisión nacional de acreditación. MEN. República
de Colombia).
Las relaciones entre internacionalización y educación superior responden inicialmente
a un fenómeno difuso. La internacionalización se asocia con la calidad de la
educación superior y con el prestigio de las instituciones. Los fundamentos de
esta asociación son tanto objetivos como subjetivos. Se basan en la existencia
de contenidos y métodos docentes actualizados e innovadores, por una parte, y
en una generalizada valoración y reconocimiento institucional a nivel
internacional, por otra.
El énfasis de la internacionalización de la educación superior se expresa
fundamentalmente a través de la movilidad de los estudiantes, cuestión sobre la
que se incide desde las instituciones, las organizaciones intergubernamentales
y las agencias de cooperación, poniéndose en marcha numerosas iniciativas y
programas.
En la actualidad, la internacionalización[9],
además de incluir lo señalado anteriormente, se asocia con procesos y objetivos
heterogéneos en los que se mezclan motivaciones culturales, educativas y
económicas. Entre los objetivos y procesos implicados en la internacionalización
se pueden destacar los tres siguientes:
Ø La ampliación de la
oferta educativa en espacios supranacionales.
Ø Las nuevas modalidades
de estudios que surgen por la virtualización de la Educación superior.
Ø La compatibilidad y
comparabilidad a nivel internacional de los sistemas nacionales de educación
superior, que en algunas ocasiones se expresa como convergencia de estos
sistemas.
La ampliación de la oferta educativa en espacios supranacionales surge con
el objetivo de aumentar el campo de acción y de influencia de las
instituciones, de incrementar el número de alumnos, así como de mejorar los
ingresos financieros. Existen diferentes modalidades, desde la simple
exportación de paquetes docentes hasta programas de estudio conjuntos entre
instituciones nacionales y extranjeras a través de alianzas y consorcios. La
educación transnacional puede responder a un gradiente muy variado de
colaboración interinstitucional y de modalidades de estudio.
La consideración por la Organización Mundial
del Comercio (OMC) de la educación superior como un servicio exportable abre el
camino a la posible liberalización de las fronteras para los servicios de la
educación superior y a la aparición de nuevos proveedores de educación con una
visión estrictamente comercial que entren en competencia con instituciones
nacionales.
Referentes
Borchert. M.A. (1994).
Master’s educ a guide for faculty and administrators. Statement. New York. College. Retin Equities.
DIAS, Sobrinho, José (2005). Dilemas da Educação Superior no mundo
globalizado. Sociedade do
conhecimento ou economiado conhecimento? Casa do Psicólogo, São
Paulo, disponible en: http:/lic.daad.
De/carreras/estudios.htm.
LAMARRA, Fernández Norberto (2003). La educación superior Argentina en
debate. Eudeba/IESALC-UNESCO, Buenos Aires, Argentina.
LAMARRA, Fernández Norberto (2010). UNTREF. La educación superior en
América Latina y su articulación con los espacios europeos e Iberoamericano.
Posibilidades y límites. Buenos Aires, Argentina.
LEMAITRE, María José (2005). Redes de agencias a
nivel mundial y regional, en: MORA, José-Ginés y FERNÁNDEZ LAMARRA, Norberto, Educación superior. Convergencia entre
América Latina y Europa [Procesos de Evaluación y Acreditación de la
Calidad], Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos
Aires.
LÓPEZ, Romero María de los Ángeles. Facultad de
Ciencias de la comunicación. Universidad de Sevilla. Los estudios de post grado
en el mundo.
MUJICA, Cordano José. (2013). 68ª sesión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. New York.
OEA. (2016). Organización de los Estados
Americanos. Becas.
Página
Web del Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) en Caracas, disponible en: http://ic.daad.de/caracas
RIACES (2004).Glosario internacional de evaluación de la calidad y acreditación,
Documento Madrid 2. RIACES (Red Iberoamericana para la Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior), editado por Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación, Orense, Madrid.
[1] ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.DIAS, Sobrinho (2005)
[2] (García Guardilla, 2004: 124).
[3] (Stubrin, 2005).
[5] (Días Sobrinho, 2002: 145).
[6] Comisión nacional de acreditación. MEN. República de Colombia.
[7] Comisión nacional de acreditación. MEN. República de Colombia.
[8] Comisión nacional de acreditación. MEN. República de Colombia.
[9] La dimensión internacional en los procesos de evaluación y
acreditación de la educación superior. Jesús Sebastián.
No hay comentarios:
Publicar un comentario